Durante la época de la Planeación Institucional y
con el gobierno del Presidente Miguel de La Madrid Hurtado (1982-1988), el 55%
de la población contaba con servicios telefónicos. Sin embargo, únicamente el
6% de las comunidades rurales tenía acceso a ellos. En 1985, un préstamo del
BID por 25.9 millones de dólares ayudó a financiar un programa de telefonía
rural en beneficio de 1,200 comunidades, el que comprendió 58 subsistemas con
centrales de radio y la instalación de 3,500 aparatos de teléfonos y radioteléfonos,
100 líneas físicas y 1,200 cabinas. También el banco otorgó un préstamo de
emergencia para atender los daños del terremoto en la Ciudad de México que se
destinó a rehabilitar la red urbana y las comunicaciones a larga distancia. A
raíz del sismo también se implementó la Reconstrucción de Vivienda del Programa
de Renovación Habitacional Popular integrado por el gobierno del DF y diversas
instituciones tanto oficiales como privadas y posteriormente el Programa
Emergente de Vivienda, fase II.
Este período fue de profunda crisis de la que
no se escaparon las empresas constructoras. El Gobierno implementó fuertes
recortes presupuestales en todos los rubros, muchos de los cuales impactaron a
la obra pública. Para las firmas del sector, fueron épocas de trabajar para
únicamente sobrevivir. Ante el panorama que presentaban los inicios de la
apertura económica con el GATT, las empresas comenzaron a buscar otros campos
que brindaran oportunidades diferentes a las ya conocidas, el trabajo
internacional las ofrecía y las compañías empezaron a establecer alanzas
estratégicas con socios extranjeros para fortalecer tanto su trabajo interno
como su internacionalización. En 1983 se promulgó el “Procedimiento de
Ajuste para los Precios Unitarios, relativos a la Contratación y Ejecución de
Obras Públicas”. En 1985 nació la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.
La etapa de Modernización y Apertura, durante
la gestión del Lic. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se implementó el
programa de “Carreteras Concesionadas” por medio del cual se involucró a las
empresas del sector no únicamente en la construcción de dichas vías de
comunicación, sino también en su financiamiento y operación, bajo el concepto
de “Contratos llave en mano”. El programa tuvo numerosas deficiencias tanto en
su planeación como en la operación y, poco tiempo después, el Gobierno tuvo que
implementar el “Rescate Carretero”.
El mercado inmobiliario tuvo un importante
auge propiciado por el crecimiento de la economía y por la llegada de inversión
privada directa en desarrollos de edificios corporativos, centros comerciales y
de vivienda media y de lujo, lo anterior derivado de las expectativas que
presentaba el TLC. Se construyeron importantes desarrollos de vivienda de todos
niveles, vivienda media y residencial financiada por abundantes créditos de la
banca y conjuntos de interés social con fondos gubernamentales.
En este período se dio un fuerte impulso a la
modernización financiera del país, lo cual repercutiría en años posteriores en
beneficio del sector. En 1993 se crearon las Sociedades Financieras de Objeto
Limitado (SOFOLES) como respuesta al TLC, las cuales vendrían a fortalecer el
financiamiento inmobiliario, especialmente el de la vivienda18. También hubo
importantes modificaciones a la Ley: se permitió la transferencia de la
propiedad agraria (ejidos) a fin de ampliar la disponibilidad de tierra para
desarrollos urbanos de vivienda y turísticos, así como en lo relativo a la
propiedad de la tierra para extranjeros y la inversión extranjera, favoreciendo
la directa. En términos generales, el sexenio fue de desarrollo agresivo para
el sector, especialmente 1994, cuyo nivel no pudo ser alcanzado nuevamente en
todo el sexenio siguiente.
Los problemas financieros del país en 1995
repercutieron profundamente en el sector de la construcción; después de la
fuerte recuperación de la industria en el sexenio anterior, a principios de la
gestión del Dr. Ernesto Zedillo (Transición Democrática, 1994-2000) se esperaba
un crecimiento del sector de la construcción del 11% para 1995, pero en
realidad se presentó una caída del 60% en su actividad. El monto de la obra
pública, parte de ella financiada por el BID, que en 1994 aportó un préstamo de
500 millones de dólares para el Programa de Desarrollo Municipal, con obras de
desarrollo urbano en municipios de 10 entidades, electrificación y construcción
de escuelas, fue de $5,811 millones de pesos, 5.27 % menos que el año anterior;
no hubo obra concesionada, la obra privada cayó 1.06% y el empleo 2.2%. Para
1997, el sector formal de la construcción escasamente tenía el nivel de 1990,
equivalentes en términos reales al 53% del registrado en 94, con un empleo
menor en un 54%.
1994 fue el año de más altas ventas de
vivienda (poco más de 30 mil UDIS), 54% de interés social y el 46% a
residencial, debido en buena parte a que las tasas de interés eran las más
bajas de la última década; el 70% de las ventas de vivienda residencial se
hacían con créditos hipotecarios. A raíz de la crisis del 95 y de la consecuente
devaluación del peso y del aumento vertiginoso de las tasas de interés, muchos
de estos préstamos se volvieron impagables, lo que en parte originó el problema
bancario y los posteriores programas de ayuda a los deudores; para evitar la
quiebra del sistema financiero nacional, los pasivos tuvieron que ser
absorbidos por el FOBAPROA. Por esta razón, en el resto del sexenio, la
vivienda popular llegó a ser hasta el 95% de este total porque eran el tipo de
construcción que tenían créditos oficiales, el financiamiento bancario se
volvió inexistente.
En 1997 se modificó la “Ley del INFONAVIT”
para transformar sus funciones, y limitarla únicamente al financiamiento de la
vivienda popular; esta medida sería fundamental para el progreso de las
desarrolladoras de vivienda de interés social, las que eran las únicas del
sector de contar con créditos y que ellos fueran estipulados a tasas bajas de
interés. Con objeto de precisar el análisis de la edificación habitacional, en
ese año se inició la elaboración de un Índice sectorial independiente para las
constructoras de vivienda que cotizaban en la BMV. También en ese año, el
mercado se veía atractivo para la competencia internacional; la empresa
constructora alemana BilfingerBerger anunció sus intenciones de participar en
México en obras principalmente de infraestructura, aeropuertos (especialmente
el de la Ciudad de México), termoeléctricas, puentes, proyectos petroquímicos y
obras urbanas, de manera individual o por medio de alianzas estratégicas con
socios mexicanos, ya que dicha empresa tenía un importante respaldo financiero.
En 1999 varias empresas mexicanas dejaron de
cotizar en la BMV, entre ellas SIDEK en sus series A, B y L, su filial SITUR
series A y B, y Bufete Industrial, en su Certificados de Participación Ordinaria
(CPO). A fines del sexenio, las grandes constructoras, ICA, Bufete Industrial,
PROTEXA, TRIBASA y GMD se encontraban sin liquidez, prácticamente enfrentando
la quiebra técnica; la crisis afectó proyectos contratados con PEMEX, la CFE y
otras instituciones.
Para el sexenio del Presidente Vicente Fox
(Transición Política 2000-2006) , los propósitos incluían el Plan Puebla Panamá
en el que se pensaba invertir entre 15 y 20 millones de dólares al año; su
objeto era unir la infraestructura, principalmente de carreteras y puentes, con
los países centroamericanos para propiciar el desarrollo macroeconómico
regional. En la frontera norte, las intenciones eran de invertir 8 mil millones
de dólares, financiados por el Gobierno Federal y por los estados fronterizos,
también para la construcción de infraestructura. En Veracruz la iniciativa
privada pensaba invertir 1,500 millones de dólares para crear zonas
industriales que generarían 18 mil empleos. Un importante proyecto era un nuevo
aeropuerto para la Capital de la República en Texcoco, cuyas licitaciones de
construcción y operación se pretendía que fuesen financiadas por inversionistas
privados, tanto nacionales como extranjeros. La mayor parte de esos proyectos
se vinieron abajo por falta de condiciones políticas.
La construcción de vivienda había demostrado ser un
mercado benévolo para las empresas constructoras. Dentro de las políticas
gubernamentales de fomento se pensó utilizarla para estimular la economía,
apoyada en el impulso dado a las instituciones oficiales del ramo por medio del
Plan de Vivienda. Ante este panorama, las expectativas en el desempeño de las
empresas desarrolladoras de vivienda, Consorcio ARA, GEO, Consorcio Hogar, así
como de otras de menor tamaño, era promisorio.
Respecto de la Ciudad de México, el Gobierno
local anunció el inicio de un ambicioso programa dirigido al rescate del Centro
Histórico, en el cual se integrarían los sectores político, técnico,
intelectual, financiero e industrial; estos últimos destinarían importantes inversiones
para apuntalar el proyecto. Estaban pendientes más proyectos, la construcción
del tren elevado, la ampliación del Metro, entre otros. Aún más, el gobierno
local había anunciado la construcción de un segundo piso en el Viaducto Miguel
Alemán y en el Anillo Periférico, para contribuir a la solución del problema
vehicular citadino, aunque a la fecha únicamente se ha construido el
Distribuidor Vial de la Av. San Antonio.
Sin embargo, las constructoras gigantes
continuaban con un desempeño problemático. Bufete Industrial había sido
desenlistada en la BMV y en la Bolsa Valores de Nueva York, NYSE y sus
fundadores y dueños originales perdieron el control accionario; una buena parte
de las acciones de TRIBASA estaban en manos de ENRON, empresa americana cuya
espectacular quiebra venía a darle el golpe de gracia a la constructora
mexicana y Bufete Industrial podría declararse en quiebra. A fines del 2001
90´s, ICA había sufrido una nueva reestructuración y todavía enfrentaba fuertes
pasivos; sin embargo para el 2003, la constructora más grande de México ganó la
licitación de la Presa El Cajón, el proyecto de obra pesada más grande del
sexenio, lo que le vino a dar nueva vida a la empresa.
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